Nota de Prensa 1 - Alerta contra metodología utilizada en Uruguay para plebiscitos y referéndums.

Nota enviada el 3 de marzo de 2009 al Semanario "BÚSQUEDA" por el Administrador de "CORPORACION CÍVICA INTERNACIONAL" para ser incluida en la Sección "Cartas al Director" y que fue publicada en la página 41 de su Edición correspondiente al jueves 5 de marzo de 2009, bajo el título :
"¡Vivan las dictaduras!" (I)

En su columna del pasado 26 de febrero el Señor Claudio Paolillo aborda un tema de vital importancia para la sociedad civilizada: tomando como punto de partida para sus disquisiciones el último plebiscito realizado en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Hugo Chávez rememora cómo este recurso electoral ha servido con frecuencia para instituir, consolidar y perpetuar sistemas de gobierno despóticos y nefastos para las comunidades que son invitadas u obligadas por sus líderes a utilizarlo.
Así, por ejemplo, dice: “Hitler fue electo por el pueblo alemán e instauró su dictadura nazi a golpe de plebiscitos”.
Y esta realidad –incuestionable, por cierto-, desconcierta y aflige a quien la descubre.
Inclusive acto seguido el observador poco avezado suele preguntarse cómo es posible que allí donde hay regímenes democráticos -o sea, en el marco de colectividades que respetan efectivamente la voluntad mayoritaria expresada sin cortapisas ni estafas en las urnas- los niveles de insatisfacción social son tan altos y apuntan visiblemente a crecer de modo constante y abrumador, en lugar de mitigarse y tender a diluirse…
¿Acaso la demagogia, el engaño, el fraude sistemático, la desinformación persistente, la intimidación generalizada y las numerosas y muy sofisticadas prácticas de manipulación que suelen imputarse a las clases dominantes bastan para explicar semejante paradoja?
En algunos casos, tal vez…
Pero no en todos.
Quien examine detenidamente las técnicas empleadas para indagar el sentir general advertirá imperfecciones por las que inclusive cuando se actúa con la máxima probidad y diligencia pueden llegar a consagrarse decisiones que atentan a ojos vistas contra los más elementales intereses comunes y particulares de los involucrados.
Y explicar esto es muy fácil.
Veámoslo así…
Quizá pronto los uruguayos debamos expresar nuevamente nuestro sentir con respecto a la llamada “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Las personas habilitadas para votar serán aproximadamente dos millones y medio y las opciones disponibles para cada una se reducirán -como siempre- a cinco: votar en blanco, anular el pronunciamiento, abstenerse de participar y manifestarse a favor o en contra de su validez.
El número exacto de ciudadanos que habrá de inclinarse finalmente por una posibilidad u otra es impredecible.
Sin embargo, imaginemos que una vez completado el escrutinio y habiéndose planteado la interrogante “¿Está Usted a favor de que siga vigente la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado?”, el resultado fuera éste:

Abstenciones : 200.000
Votos en blanco : 100.000
Votos nulos : 50.000
Votos a favor de su vigencia : 1.000.000
Votos opuestos a su vigencia : 1.150.000

Por ende, la referida Ley deberá considerarse “no vigente”, cualquiera sea la fórmula que se adopte para cumplir ese mandato y cualesquiera sean las consecuencias de hacerlo.
Pero quizá los guarismos obtenidos no trasunten siquiera con remota precisión el sentir nacional.
Es claro que no todos los que hubiesen respaldado la norma lo habrían hecho con idéntico ánimo: unos estarían radicalmente dispuestos a preservarla, otros moderadamente a favor de hacerlo y los restantes quizá fuesen indiferentes a ella y hubieran obrado así únicamente por no encontrar motivos para impugnarla…; de igual modo, los que se hubiesen pronunciado en contra de la misma pudieron haberlo hecho meramente por falta de interés para propugnar su validez aunque sintiéndose también indiferentes a esa cuestión y los demás eventualmente podrían considerarse moderada o radicalmente opuestos a su vigencia.
Por tanto, acaso la situación con respecto a la Ley -según tales disposiciones anímicas- habría podido ser ésta:

Personas radicalmente a favor de su vigencia : 999.000
Personas moderadamente a favor de su vigencia : 900
Personas indiferentes a la existencia de la Ley pero que no habiendo hallado razones para impugnarla votaron a favor de su vigencia: 100
Personas indiferentes a la existencia de la Ley pero que no encontrando motivos para preservarla se pronunciaron en contra de su vigencia: 1.145.000
Personas moderadamente opuestas a su vigencia : 3.000
Personas radicalmente opuestas a su vigencia : 2.000

Y si ésta fuera la realidad subyacente, dado que siempre habrá una correspondencia entre la voluntad expresada en las urnas por cada individuo y el estado espiritual que lo embargue al conocer el desenlace del evento, habríamos de tener:

1.145.100 personas casi por completo indiferentes al resultado (cantidad a la que deberían sumarse probablemente otras 350.000),
2.000 personas extremadamente conformes con el resultado,
3.000 personas moderadamente satisfechas con el resultado,
900 personas moderadamente desconformes con el resultado y nada menos que 999.000 personas extremadamente disgustadas con el resultado.

Asumiendo además que todas ellas actuarán luego de acuerdo con su propio estado anímico, es evidente que habrá elevados niveles de oposición a la resolución adoptada y que no existirá un respaldo significativo para su posterior implementación.
Por consiguiente, parece bastante obvio que más allá de las consideraciones filosóficas, ideológicas o de cualquier otra índole que se formulen con respecto a la pertinencia o a la importancia de los pronunciamientos populares, el criterio utilizado para indagar el sentir comunitario debería modificarse.

Afortunadamente ya fue desarrollada una metodología que permite superar de forma inmediata, práctica y económica las múltiples deficiencias propias de los procedimientos utilizados hasta hoy en todo el mundo con ese propósito.

Convendría conocerla, comunicarla, examinarla -incluso perfeccionarla, si tal fuera el caso- y ponerla en práctica.

De cualquier modo, la mera divulgación de su existencia ya contribuye a simplificar la exhaustiva tipificación elaborada por el columnista para rotular a quienes atentan contra la concordia, contra el bienestar y contra la prosperidad colectiva (emperadores alemanes, filósofos desorientados, autócratas de la más diversa laya, revolucionarios insolentes y lenguaraces, caudillos irrespetuosos y malhablados, políticos e intelectuales ingenuos u olvidadizos, gente pusilánime o acomodaticia, individuos con vocación totalitaria, periodistas hipócritas…) posibilitando compendiar esa “ralea” que utiliza o que permite usar los plebiscitos para oprimir y expoliar a los pueblos, al sintetizar toda esa gama de infames personajes en sólo dos categorías elementales y omnicomprensivas: la de aquellos que simplemente ocultan los peligros que aparejan las imperfecciones de los mecanismos de consulta popular y la de quienes bregan además por silenciar y destruir a quienes procuran ponerlas en evidencia.

Por suerte va siendo fácil identificar a unos y a otros…